Ley de Acceso a la
Información Pública

SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos,
a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Los puntos de vista acá expresados no reflejan necesariamente los de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DECRETO LEGISLATIVO No. 534 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2010

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL TOMO 371, No. 70, DEL 8 DE ABRIL DE 2011 (D.O. No. 70, TOMO 371)

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION..............................................................................................................................       5

CRONOLOGÍA DE LA LEY DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SALVADOR    7

DECRETO No. 534 ............................................................................................................................     10

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ...........................................................       11

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

 	 	Capítulo I Objeto, fines, principios y definiciones.................................................	11	
 	 	Capítulo II Entes obligados y titulares .........................................................	14	

TÍTULO II CLASES DE INFORMACIÓN

 	 	Capítulo I Información oficiosa .................................................................................	15	
 	 	Capítulo II Información reservada ........................................................................	21	
 	 	Capítulo III Información confidencial ......................................................................	23	
		Capítulo IV Disposiciones comunes para la información		
 	 	reservada y confidencial ...........................................................................................	23	

TÍTULO III DATOS PERSONALES

 	 	Capítulo I Protección de datos personales ...............................................................	24	
 	 	Capítulo II Procedimiento ..........................................................................................	26	

             TÍTULO  IV  Administración  de Archivos 

Capítulo Ú nico ...........................................................................................................     27

             TÍTULO V Promoción de la Cultura de Acceso a la Información

Capítulo único .........................................................................................................      29

TÍTULO VI ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

 	 	Capítulo I. Unidades de Acceso a la Información Pública		
 	 	y Oficiales de Información .........................................................................................	30	
 	 	Capítulo II. Instituto de Acceso a la Información Pública.....................................	32	

TÍTULO VII PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ANTE LOS ENTES OBLIGADOS

 	 	Capítulo I Características del acceso ........................................................................	36	
 	 	Capítulo II Del procedimiento de acceso.................................................. .....................	37	

TÍTULO VIII INFRACCIONES Y SANCIONES

                          Capitulo único Infracciones y sanciones .....................................................      40

TÍTULO IX PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SANCIONATORIO ANTE EL INSTITUTO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

                          Capítulo Único..........................................................................................................     43

TÍTULO X DISPOSICIONES TRANSITORIAS, POTESTAD REGLAMENTARIA, APLICABILIDAD Y VIGENCIA

                          Capítulo Único.............................................................................................................     48

INTRODUCCIÓN

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que tenemos el honor de presentar en este documento es el resultado de un intenso proceso de discusión pública excepcionalmente incluyente, realizado desde mediados del año 2008 hasta el 8 de abril del 2011, fecha en la cual fue publicada en el Diario Oficial. Participaron en él, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones de periodistas y gremiales empresariales, entre otras. El 8 de mayo del 2011, esta Ley entró en vigencia, dando lugar a una secuencia de acciones preparatorias que deberán estar totalmente implementadas para el 8 de mayo del 2012.

El principal aporte de la LAIP es que proporciona a la ciudadanía salvadoreña un importante instrumento para hacer efectivo su derecho a “obtener en forma, clara, suficiente, directa y oportuna” una amplia gama de información sobre el quehacer del Estado, de sociedades de economía mixta y de personas naturales o jurídicas que manejan recursos o información pública y ejecutan actos de la función estatal, nacional o local.

Esta potencialidad favorece, por un lado el perfeccionamiento de la democracia debido a que la cantidad y calidad de la información con la cual cuenta la ciudadanía confiere mayor calidad a los procesos participativos, y por otro contribuye a incrementar su control sobre las decisiones que los funcionarios electos y empleados de la administración pública toman y ejecutan, convirtiéndose así en una herramienta preventiva contra la corrupción.

Adicionalmente debe decirse que la LAIP aprobada, no solo cuenta con la virtud de haber sido conocida y debatida públicamente, sino también con un conjunto de condiciones que se explican a continuación y que la hacen potencialmente efectiva. Esto es importante en un contexto en donde la efectividad de las leyes se encuentra seriamente cuestionada por la opinión pública.

En primer lugar, las entidades obligadas son todas las de la administración pública, a nivel nacional y local, a las cuales se suman las instituciones mixtas y privadas (naturales o jurídicas) que manejen fondos o información del Estado. (Título I, Capítulo II, artículos 7 al 8).

En segundo lugar, esta Ley establece muy pocas restricciones a la información que debe hacerse pública, limitándose, principalmente, a la que afecte la seguridad nacional, la seguridad personal, los procesos de investigación de actos ilícitos, los procesos de negociación internacional, entre otros. Adicionalmente establece que la información de carácter reservado o confidencial debe definirse previamente por cada entidad pública y exponerse en un índice que debe darse a conocer al público. (Título II).

En tercer lugar, la información calificada como oficiosa, es decir la que debe estar expuesta al público sin solicitud es muy amplia y no abarca solamente cuestiones generales, sino muy específicas, como por ejemplo: presupuesto institucional asignado y sus modificaciones; listado de asesores, remuneraciones mensuales por cargo presupuestario; listados de viajes internacionales incluyendo los viáticos asignados, inventario de bienes muebles, programas de subsidios e incentivos fiscales; montos y destinatarios privados de recursos públicos, permisos, autorizaciones y concesiones otorgados, contrataciones y adquisiciones formalizadas, mecanismos de participación ciudadana, indicadores de cumplimiento de la LAIP; entre otras especificaciones propias al Órgano Legislativo, Presidencia de la República, Órgano Judicial, Consejo Nacional de la Judicatura, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas y Concejos Municipales. (Título II, Capítulo I, artículos 10 al 17).

En cuarto lugar, para velar por su cumplimiento, esta Ley contempla la creación del Instituto de Acceso a la
Información Pública, como un organismo especial e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio

propio, con autonomía administrativa y financiera; que además de arbitrar cuando hay conflicto entre las entidades demandadas y el público, resolver en un tiempo relativamente corto y sancionar cuando las circunstancias así lo ameriten. (Título V, Capítulo II, artículos 51 al 60).

En quinto lugar, para garantizar la independencia de dicha institución, la Ley contempla la selección de cinco personas que fungirán como comisionados del Instituto, quienes serán nombrados por el Presidente de la República, luego de ser electos en ternas a través de asambleas generales por los siguientes sectores: asociaciones empresariales, asociaciones de profesionales, Universidad de El Salvador y universidades privadas, asociaciones de periodistas y sindicatos; todas debidamente inscritas, autorizadas o registradas ante las autoridades respectivas, según su naturaleza. (Título V, Capítulo II, Art. 53).

En sexto y último lugar, la Ley estipula claras y fuertes sanciones para los funcionarios que cometan infracciones a misma, ya sea porque se nieguen a exponer la información que debe ser pública, porque entreguen o difundan información reservada o confidencial, porque la información esté desactualizada o desordenada, por no proporcionar la información que el IAIP haya ordenado, entre otras razones. Estas sanciones pueden ser leves, graves y muy graves, lo que significa que el funcionario responsable puede ser sancionado con una multa de uno hasta cuarenta salarios mínimos, o suspendérsele de sus funciones, por un período de treinta días si cometiera dos o más infracciones en el término de un año. (Título VIII, Capítulo único).

Ahora que la LAIP ha sido aprobada y ha entrado en vigencia, con contenidos excepcionalmente positivos, es de vital importancia garantizar las condiciones institucionales necesarias para su fiel cumplimiento. Esto implica, por un lado,   cumplir con el calendario de implementación que establece la Ley y crear las capacidades institucionales para su aplicación; y, por otro, implica una adecuada divulgación de los contenidos de esta ley a través de todos los medios y formas posibles, así como una adecuada preparación de la ciudadanía y sus organizaciones para que puedan utilizarla como un herramienta efectiva para el cumplimiento de sus derechos.

Se concluye esta presentación agradeciendo, en primer lugar, al Señor Presidente de la República, Don Mauricio Funes Cartagena quien apoyó la Ley durante todo el proceso hasta culminar con su sanción, cumpliendo así uno de los principales compromisos que asumió durante la campaña electoral; y a todas las entidades que han contribuido durante estos últimos tres años para que esta Ley fuese posible con los altos estándares de calidad alcanzados. Lo anterior incluye a los partidos políticos que después de haber resuelto las observaciones presidenciales la aprobaron por unanimidad el 3 de marzo de 2011; a las organizaciones civiles, asociaciones de periodistas y gremiales empresariales que aportaron sus propuestas al tiempo que presionaron por su aprobación; a las entidades del Poder Ejecutivo que brindaron sus observaciones y a las agencias de cooperación internacional que aportaron conocimientos, contactos y recursos.

Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia

Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción

CRONOLOGÍA DE LA LEY DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SALVADOR

• 	2007. Después de la Octava Conferencia Anti-corrupción celebrada en Lima, Perú en el año 1997, el diputado Gerson Martínez del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cabildea  en  la Asamblea  Legislativa  la  ratificación de  la  Convención  Interamericana  Contra  la Corrupción (CICC), que había sido aprobada en Caracas (1996) y la posibilidad de dar tratamiento a una eventual Ley de Acceso a la Información. Solo la primera iniciativa logró apoyo parlamentario, dando lugar a la ratificación de la mencionada Convención en julio de 1998, mientras que la segunda iniciativa no obtuvo suficiente receptividad por las restantes fracciones parlamentarias.

• 	2004-2006. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se pronuncia e inicia una campaña a favor de una Ley de Acceso a la Información y realiza tres foros en las principales ciudades del país. Adicionalmente, esta Asociación publicó un spot de televisión, una cuña radial y realizó un concurso de afiches que dio como resultado la presentación de más de 70 trabajos de jóvenes universitarios y personas particulares sobre el acceso a la información.

•     2005. APES apoya, junto con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la
edición del libro El Derecho a la Información en El Salvador.

• 	2006. Por iniciativa de Fundación Probidad se conformó el Grupo de Procuración sobre el Acceso a la Información, en el que participan la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), FESPAD, la Fundación Manuel Ungo (FUNDAUNGO), la Fundación Raíces, Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)   y APES.

• 	2006. Se publica en el Diario Oficial Nº 12, Tomo 370 de fecha 18 de Enero de 2006, el Decreto Legislativo Nº 929, del 20 de Diciembre de 2005, en el que la Asamblea Legislativa aprueba un conjunto de reformas al Código Municipal que incluyeron requerimientos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública municipal. En la elaboración de las propuestas de reforma participaron la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y las Fundaciones que constituían la Red para el Desarrollo Local (FUNDE, FUDAUNGO, Fundación de Apoyo a Municipios de El Salvador - FUNDAMUNI, Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral - FUSAI y Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local
-SACDEL).

• 	2008, septiembre   La fracción parlamentaria del FMLN, introduce formalmente en la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley de Acceso a Información Pública. Esta propuesta es discutida en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales pero no recibe el apoyo de las demás facciones parlamentarias para incluirla en agenda.

• 	2008, septiembre. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), hacen una presentación pública de una propuesta de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero no es introducida formalmente en la Asamblea Legislativa.

• 	2008, diciembre.  La aprobación de una Ley Transparencia es ofrecida en la Plataforma de Gobierno del partido FMLN para las elecciones presidenciales del 2009.

• 	2009, febrero. El entonces candidato Mauricio Funes Cartagena, firma ante Transparencia Internacional, un compromiso público preparado por FUNDE, en el que expresó su intensión de “proteger y hacer efectivo el derecho ciudadano a la petición de cuentas, efectivo acceso a la información pública y crear una institución autónoma que se encargue de la protección de este derecho, con suficiente poder vinculante en sus decisiones”.

•     2009, marzo, 15. Mauricio Funes gana las elecciones presidenciales bajo la bandera del partido FMLN.

• 	2009, abril, 9. Se constituye el Grupo Promotor de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información, en el que participan FUSADES, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), la Universidad Dr. José Matías Delgado, la UCA, el periódico digital El Faro, APES y FUNDE.

•   2009, junio, 1, Mauricio Funes Cartagena asume la Presidencia de la Republica de El Salvador.

• 	2009, junio, 9. El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) introduce como pieza de correspondencia la propuesta elaborada por FUSADES y el IIDC, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ante la Asamblea Legislativa.

• 	2009, julio. la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales decide introducir el tratamiento de una Ley de Acceso a la Información, como punto prioritario de su agenda.

• 	2009, septiembre. El Grupo Promotor de la Ley desarrolla un taller con la Comisión de Puntos Constitucionales y de Legislación de la Asamblea Legislativa para analizar la propuesta que esta coalición respalda.

• 	2009, noviembre. Se forma una comisión en la que el asesor técnico de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el asesor legal de la fracción del FMLN, el asesor legal de la fracción de ARENA y especialistas del Grupo Promotor fueron delegados para la integración de un solo documento. El borrador de este documento fue presentado, nuevamente, el 9 de noviembre ante la Comisión quienes se comprometieron a resolver los últimos puntos de divergencia que persistían en el documento.

• 	2010, enero a mayo. El Órgano Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción y la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos, realiza tres talleres presenciales de consulta con organizaciones sociales, académicas, alcaldes y gremiales empresariales y abre un foro electrónico en la página Web presidencial, que registra 3,107 visitas y 167 aportes. Como resultado, 10 recomendaciones fueron presentadas a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

• 	2010, julio a noviembre. Se crea en el seno del Consejo Económico y Social (CES) la “Comisión Especial de Política de Transparencia” integrada por asesores del sector académico (FUNDE, UCA, FUSADES Y Universidad Dr. José Matías Delgado), representación del movimiento social (Frente Social para un Nuevo País –FSNP, la Concertación Popular por el Cambio –CPC), ANEP, representación del sector sindical (Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador – MUSYGES-) y la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. El tema principal de discusión fue el contenido de la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP), de la cual surge, el 4 de octubre, un “dictamen” que fue presentado al CES con 5 recomendaciones específicas.

• 	2010, junio-diciembre. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales debate y formula una versión final de la LAIP usando como documento base el “borrador único” que resulto de la síntesis de

los 2 proyectos originales. Paralelamente se suceden diversos pronunciamientos públicos, artículos de opinión y paneles de debate sobre los proyectos de ley.

• 	2010, diciembre, 2. La Asamblea Legislativa aprueba el Decreto No. 534 “Ley de Acceso a la Información Pública”, con lo votos favorables de los partidos FMLN, ARENA y el partido Cambio Democrático (CD). Los restantes partidos se abstuvieron pero ninguno votó en contra.

• 	2010, diciembre, 21. Cuatro organizaciones civiles, Iniciativa Social para la Democracia (ISD), FESPAD, FSNP, CPC, y Salvadoreños en el Mundo (SEEM), solicitan que el Presidente de la República introduzca observaciones a la Ley aprobada.

• 	2011, 5 de enero. El Presidente de la República envía a la Asamblea Legislativa un pliego de 7 observaciones a la Ley aprobada.

• 	2011, 3 de marzo. La Asamblea Legislativa aprueba la Ley de Acceso a Información Pública, por unanimidad aceptando parcialmente las observaciones hechas por el Señor Presidente.

•     2011, 8 de abril. La LAIP es publicada en el Diario Oficial Número 70, Tomo 391.

•     2011, 8 de mayo. Entra en vigencia la Ley de Acceso a Información Pública en El Salvador.

DECRETO No. 534

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

CONSIDERANDO:

I.	Que de acuerdo a la Constitución de la República y tratados internacionales sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar,  recibir y  difundir informaciones de  toda  índole,  sin  consideración de fronteras, ya  sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma.

II.     Que la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción reconocen que la transparencia, el derecho de acceso a la información,  el derecho a la participación ciudadana y la obligación de las autoridades a la rendición de cuentas de la gestión pública, son herramientas idóneas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción.

III.    Que el poder público emana del pueblo y los funcionarios son sus delegados, en razón de lo cual los habitantes tienen derecho a conocer la información que se derive de la gestión gubernamental y del manejo de los recursos públicos, por lo que es una obligación de los funcionarios públicos actuar con transparencia y rendir cuentas.

IV.     Que  la  transparencia y  el  acceso a  la  información pública son  condiciones básicas para una efectiva participación ciudadana, lo cual contribuye al fortalecimiento de las instituciones públicas, al mejoramiento de la calidad de la democracia y a la plena vigencia del Estado de derecho.

V.	Que,  en  virtud  de  lo  expuesto,  es  indispensable emitir  una  ley  de  acceso  a  la  información pública que regule de manera armónica el ejercicio de los derechos humanos enunciados, promueva la participación ciudadana, la eficiencia de la administración pública, la lucha contra la corrupción y la generación de una cultura de transparencia.

POR  TANTO,  en  uso  de  sus  facultades constitucionales y  a  iniciativa de  los  Diputados:   César Humberto García Aguilera,  Roberto  José  d’Aubuisson  Munguía,  Irma  Lourdes  Palacios  Vásquez, Mario  Alberto Tenorio Guerrero, Miguel Elias Ahues Karra, Federico Guillermo Avila Qüehl, Fernando Alberto José Avila Quetglas, Carmen Elena Calderón  Sol de Escalón, Erick Ernesto Campos, Margarita Escobar,    Carmen Elena  Figueroa   Rodríguez, José  Rinaldo  Garzona   Villeda,  Ricardo Bladimir González, José Nelson Guardado Menjivar, Carlos Walter Guzman Coto, Benito Antonio Lara Fernández, Mario Marroquín Mejía, Hugo Roger Martínez Bonilla, Erik Mira Bonilla, Rafael Eduardo Paz Velis, Mariela Peña Pinto, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Carlos Armando Reyes Ramos, David Ernesto Reyes Molina, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Rodrigo Samayoa Rivas, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Boris Geovanni Torres Hernández, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez y Luis Arturo Fernández Peña (Período 2006 – 2009) y con el apoyo de los Diputados: Alberto Armando  Romero  Rodríguez, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Lucia del Carmen Ayala de León, Yohalmo Edmundo Cabrera  Chacón,  Félix Agreda  Chachagua, Darío

Alejandro  Chicas Argueta, José Alvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Raúl Omar Cuéllar, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma Julia Fabián Hernández, Santiago Flores Alfaro, José Armando Grande Peña, Iris Marisol Guerra Henríquez,  Norma  Fidelia Guevara de Ramirios, Gladis Marina Landaverde Paredes, Audelia Guadalupe López de Kleutgens, Hortensia Margarita López Quintana, Guillermo Francisco Mata Bennett, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Heidy Carolina Mira Saravia, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Cesar René Florentín Reyes Dheming, Inmar Rolando Reyes, Gilberto Rivera Mejía, Jackeline Noemí Rivera Avalos, José Mauricio Rivera, Gilberto  Rivera Mejía,  Sonia  Margarita Rodríguez Sigüenza,  Ana  Silvia  Romero Vargas, Marcos Francisco Salazar Umaña,  Misael Serrano Chávez, Karina Ivette Sosa de Lara, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Mario  Eduardo  Valiente  Ortiz,  María Margarita Velado Puentes, Ana  Daysi Villalobos de Cruz.

DECRETA la siguiente:

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES Capítulo I
Objeto, fines, principios y definiciones

Objeto

Art. 1.  La  presente  ley  tiene  como  objeto  garantizar el  derecho  de  acceso  de  toda  persona  a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado.

Derecho de acceso a la información pública

Art. 2.  Toda persona tiene derecho a  solicitar y  recibir información generada, administrada  o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna.

Fines

Art. 3.  Son fines de esta ley:

a.	Facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos.

b.   Propiciar la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los entes obligados.

c.   Impulsar la rendición de cuentas de las instituciones y dependencias públicas.

d.   Promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública.

e.   Modernizar la organización de la información pública. f.    Promover la eficiencia de las instituciones públicas.
g.   Promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación y la implementación del gobierno electrónico.

h.   Proteger los datos personales en posesión de los entes obligados y garantizar su exactitud. i.    Contribuir a la prevención y combate de la corrupción.
j.    Fomentar la cultura de transparencia.

k.   Facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones concernientes a los asuntos públicos.

Principios

Art. 4.  En la interpretación y aplicación de esta ley deberán regir los principios siguientes:

a.	Máxima publicidad: la información en poder de los entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley.

b.   Disponibilidad: la información pública debe estar al alcance de los particulares. c.   Prontitud: la información pública debe ser suministrada con presteza.
d.   Integridad: la información pública debe ser completa, fidedigna y veraz.

e.   Igualdad: la información pública debe ser brindada sin discriminación alguna.

f.    Sencillez: los procedimientos para la entrega de la información deben ser simples y expeditos. g.   Gratuidad: el acceso a la información debe ser gratuito.

h.   Rendición de cuentas. Quienes desempeñan responsabilidades en el Estado o administran bienes públicos están obligados a rendir cuentas ante el público y autoridad competente, por el uso y la administración de los bienes públicos a su cargo y sobre su gestión, de acuerdo a la ley.

Prevalencia del Criterio de Máxima Publicidad

Art. 5.  El Instituto en caso de duda sobre si una información es de carácter público o está sujeta a una de las excepciones, deberá hacer prevalecer el criterio de publicidad.

Definiciones

Art. 6.  Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a.   Datos personales: la información privada concerniente a una persona, identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra análoga.

b.   Datos personales sensibles: los que corresponden a una persona en lo referente al credo, religión, origen étnico, filiación o ideologías políticas, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, situación moral y familiar y otras  informaciones íntimas de similar naturaleza o que pudieran afectar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

c.	Información pública: es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a cualquier título.

d.   Información oficiosa: es aquella información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de esta ley sin necesidad de solicitud directa.

e.	Información reservada: es aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de un interés general durante un período determinado y por causas justificadas.

f.	Información confidencial: es aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de   un interés personal jurídicamente protegido.

g.   Servidor Público: Persona natural que presta servicios ocasional o permanentemente, remunerados o ad honórem, que ejerzan su cargo por elección, nombramiento, contrato u otra modalidad dentro de la administración del Estado, de los municipios y de las entidades oficiales autónomas sin

excepción. Asimismo, comprende a los funcionarios y empleados públicos y agentes de autoridad en todos sus niveles jerárquicos.

h.   Transparencia: es el deber de actuar apegado a la ley, de apertura y publicidad que tienen los servidores públicos en el desempeño de sus competencias y en el manejo de los recursos que la sociedad les confía, para hacer efectivo el derecho de toda persona a conocer y vigilar la gestión gubernamental.

i.	Unidades administrativas: aquellas que de acuerdo con la organización de cada uno de los entes obligados posean la información solicitada.

j.	Unidades de Acceso a la Información Pública: la unidad administrativa de los entes obligados que recibe y da trámite a las peticiones de información.

Capítulo II

Entes obligados y titulares

Entes obligados

Art. 7.  Están  obligados  al cumplimiento  de esta  ley los órganos  del Estado,  sus dependencias, las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general. Se incluye dentro de los recursos públicos aquellos fondos provenientes de Convenios o Tratados que celebre el Estado con otros  Estados  o  con  Organismos Internacionales, a  menos que el Convenio o  Tratado determine otro régimen de acceso a la información.

También están obligadas por esta ley las sociedades de economía mixta y las personas naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública o ejecuten actos de la función estatal, nacional o local tales como las contrataciones públicas, concesiones de obras o servicios públicos. El ámbito de la obligación de estos entes se limita a permitir el acceso a la información concerniente a la administración de los fondos o información pública otorgados y a la función pública conferida, en su caso.

En  consecuencia, todos los  servidores públicos, dentro o  fuera del  territorio de  la  República, y las personas que laboren en las entidades mencionadas en este artículo, están obligados al cumplimiento de la presente ley.

Inclusión de entes obligados regulados en leyes orgánicas o especiales

Art. 8.  Se entienden obligadas por esta ley las instituciones públicas cuyas leyes orgánicas o especiales estipulen que para adquirir obligaciones mediante otra ley deben ser nombradas expresamente, tales como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica  del Río Lempa y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Titulares de los derechos

Art. 9.  El ejercicio de los derechos establecidos en esta ley corresponde a toda persona, por sí o por
medio de su representante, sin necesidad de acreditar interés legítimo o derecho precedente.

TÍTULO II
CLASES DE INFORMACIÓN Capítulo I
Información oficiosa

Divulgación de información

Art. 10. Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y
actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente:

1.   El marco normativo aplicable a cada ente obligado.

2.   Su estructura orgánica completa y las competencias y facultades de las unidades administrativas, así como el número de servidores públicos que laboran en cada unidad.

3.   El directorio y el currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos electrónicos
institucionales.

4.   La información sobre el presupuesto asignado, incluyendo todas las partidas,  rubros y montos que
lo conforman, así como los presupuestos por proyectos.

5.   Los procedimientos de selección y contratación de personal ya sea por el sistema de Ley de
Salarios, contratos, jornales o cualquier otro medio.

6.   El listado de asesores, determinando sus respectivas funciones.

7.   La remuneración mensual por cargo presupuestario, incluyendo las categorías  salariales de la Ley de Salarios y por Contrataciones, y los montos aprobados para dietas y gastos de representación.

8.   El plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo; las metas y objetivos de las unidades   administrativas de conformidad con sus programas operativos; y los planes y proyectos de reestructuración o modernización.

9.   Las memorias de labores y los informes que por disposición legal generen los entes obligados.

10. Los servicios que ofrecen, los lugares y horarios en que se brindan, los procedimientos que se siguen ante cada ente obligado y sus correspondientes requisitos, formatos y plazos.

11. Los listados de viajes internacionales autorizados por los entes obligados que sean financiados con fondos públicos, incluyendo nombre del funcionario o empleado, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto.

12. La dirección de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el nombre del Oficial de Información, correo electrónico y número telefónico-fax donde podrán recibirse consultas y, en su caso, las solicitudes.

13. Los informes contables, cada seis meses, sobre la ejecución del presupuesto, precisando los ingresos, incluyendo donaciones y financiamientos, egresos y resultados. Asimismo se deberán hacer constar todas las modificaciones que se realicen al presupuesto, inclusive las transferencias externas y las que por autorización legislativa se puedan transferir directamente a organismos de distintos ramos o instituciones administrativas con la finalidad de cubrir necesidades prioritarias o imprevistas.

14. La información relacionada al inventario de bienes muebles cuyo valor exceda de veinte mil dólares.

15. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, número de beneficiarios, empresa o entidad ejecutora y supervisora, nombre del funcionario responsable de la obra y contenido del contrato correspondiente y sus modificaciones, formas de pago, desembolsos y garantías en los últimos tres años.

16. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidios e incentivos fiscales, así como el número de los beneficiarios del programa.

17. Los entes obligados deberán hacer pública la información relativa a montos y destinatarios privados de recursos públicos, así como los informes que éstos rindan sobre el uso de dichos recursos.

18. Los permisos, autorizaciones y concesiones otorgados, especificando sus titulares, montos, plazos, objeto y finalidad.

19. Las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme, detallando en cada caso:

a.   Objeto. b.   Monto.
c.   Nombre y características de la contraparte.

d.   Plazos de cumplimiento y ejecución del mismo.

e.	La forma en que se contrató, ya sea por medio de licitación o concurso, público o por invitación, libre gestión, contratación directa, mercado bursátil o cualquier otra regulada por la ley.

f.    Detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.

20. Los registros a que se refieren los artículos 14 y 15 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

21. Los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas existentes en el ámbito de competencia de cada institución, de las modalidades y resultados del uso de dichos mecanismos.

22. El informe de los indicadores sobre el cumplimiento de esta ley que diseñe y aplique el Instituto.

23. La información estadística que generen, protegiendo la información confidencial.

24. Los organismos de control del Estado publicarán el texto íntegro de sus resoluciones ejecutoriadas, así como los informes producidos en todas sus jurisdicciones.

25. Los órganos colegiados deberán hacer públicas sus actas de sesiones ordinarias y extraordinarias en lo que corresponda a temas de presupuesto, administración y cualquier otro que se estime conveniente, con excepción a aquellos aspectos que se declaren reservados de acuerdo a esta ley.

El Ministerio de Hacienda deberá presentar y publicar semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria del Estado, dentro de los treinta días siguientes a cada semestre, el cual contendrá, como mínimo, el comportamiento de las actividades más relevantes por sector, así como su ejecución presupuestaria. Asimismo, deberá publicar un informe consolidado sobre la ejecución del presupuesto del Estado, en los términos del artículo 168 ordinal 6º de la Constitución.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda deberá publicar los montos que se otorguen a los partidos políticos, en concepto de deuda política, así como los informes financieros que le presenten los partidos políticos y las coaliciones.

Cuando se tratare de información estadística, la información deberá ser publicada de forma completa y desglosada, incorporando los indicadores de sexo y edad y cualquier otro que permita que el ciudadano pueda ser correctamente informado.

Las entidades de carácter privado que administren fondos públicos, deberán hacer pública la información oficiosa contenida en los numerales anteriores, en cuanto se relacione al uso que hagan de dichos fondos.

La información a que se refiere este artículo, deberá publicarse de forma que facilite su uso y comprensión y permita asegurar su claridad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Las dependencias deberán atender los lineamientos y recomendaciones que al respecto expida el Instituto.

Información oficiosa del Órgano Legislativo

Art. 11. Será información oficiosa del Órgano Legislativo, además de la contenida en el artículo 10,
la siguiente:

a.   El protocolo de entendimiento de los grupos parlamentarios.

b.   Los miembros de las comisiones legislativas.

c.   Los miembros de los distintos grupos parlamentarios. d.   Las convocatorias a comisiones.
e.	El proyecto de agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones y del pleno legislativo.

f.    Las listas de asistencia de los diputados a las reuniones de las comisiones y a las sesiones plenarias. g.   Piezas de correspondencia recibidas.
h.   Los proyectos de ley.

i.    Los dictámenes emitidos por las comisiones.

j.    Los decretos y acuerdos del Pleno Legislativo.

k.   El registro de votos emitidos por cada decreto y acuerdo del pleno.

Información oficiosa de la Presidencia de la República y del Consejo de Ministros

Art. 12. Será información oficiosa de la Presidencia de la República y del Consejo de Ministros, además
de la contenida en el artículo 10, la siguiente:

a.   El plan general del Gobierno.

b.   Los Decretos y Acuerdos Ejecutivos.

c.   El proyecto de agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Ministros. d.   Las actas de las reuniones del Consejo de Ministros.
e.   Los textos de los vetos y observaciones enviados a la Asamblea Legislativa.

Información oficiosa del Órgano Judicial

Art. 13. Será  información oficiosa del Órgano  Judicial,  además  de la contenida en el artículo 10, la
siguiente:

a. El proyecto de agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

b.   Las sentencias definitivas e interlocutorias firmes con fuerza de definitiva.

c.   La sistematización de la jurisprudencia.

d.   Los textos actualizados de la legislación vigente.

e.   Las actas y resoluciones que emita la Corte Suprema de Justicia en pleno.

f.	Los nombramientos o designaciones de funcionarios de otros entes nacionales o internacionales que le corresponda efectuar.

g.   Los autos de pareatis, extradiciones y la calificación del carácter de orden público que atribuya a una ley.

h.   La nómina de abogados, notarios, jueces y jueces ejecutores, con mención expresa de las nuevas autorizaciones, suspensiones e inhabilitaciones.

i.    Estadísticas de la gestión judicial, y las generadas por el Instituto de Medicina Legal. j.    Casos relevantes que por su interés público debieran conocer los ciudadanos.

Información oficiosa del Consejo Nacional de la Judicatura

Art. 14. Será información oficiosa del Consejo Nacional de la Judicatura, además de la contenida en el
artículo 10, la siguiente:

a.   El proyecto de agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno del Consejo. b.   La relativa a los procesos de selección y evaluación de magistrados y jueces.
c.   Los resultados y recomendaciones derivadas de los mismos.

d.   Las resoluciones por las que proponga ternas de candidatos para los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como la lista de candidatos que le presente la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador.

e.   Las resoluciones por las que proponga ternas de candidatos a magistrados de cámaras de segunda
instancia y jueces.

f.	Los programas de la Escuela de Capacitación Judicial y el detalle anual de las capacitaciones realizadas.

Información oficiosa del Tribunal Supremo Electoral

Art. 15. El Tribunal Supremo Electoral deberá divulgar de manera oficiosa, además de la mencionada en
el artículo 10, la siguiente:

a.   El proyecto de agenda de sus sesiones ordinarias y extraordinarias.

b.   Las actas del pleno.

c.   La jurisprudencia emanada de sus resoluciones.

d.   Resoluciones emitidas de peticiones, denuncias o recursos interpuestos por los ciudadanos, partidos políticos o coaliciones.

e.   El calendario electoral.

f.    El listado de los candidatos a cualquier cargo de elección popular. g.   El resultado de los escrutinios.
h.   La conformación de las juntas electorales departamentales y municipales, y los representantes
legales de los partidos o coaliciones ante dichos organismos.

Información oficiosa de la Corte de Cuentas

Art. 16. Además de la información enumerada en el artículo 10, la Corte de Cuentas de la República deberá dar a conocer los informes finales de las auditorías practicadas a los entes obligados, con independencia de su conocimiento en la vía judicial respectiva.

Información oficiosa de los Concejos Municipales

Art. 17. Además de la información contenida en el artículo 10, los Concejos Municipales deberán dar a  conocer las  ordenanzas municipales y  sus  proyectos, reglamentos, planes municipales, fotografías, grabaciones  y filmes de actos públicos; actas del Concejo Municipal, informes finales de auditorías, actas que levante el secretario de la municipalidad sobre la actuación de los mecanismos de participación ciudadana, e informe anual de rendición de cuentas.

Formas de divulgación

Art. 18. La información oficiosa a que se refiere este capítulo deberá estar a disposición del público a través de cualquier medio, tales como páginas electrónicas, folletos, periódicos u otras publicaciones, o secciones especiales de sus bibliotecas o archivos institucionales.

El Instituto fomentará que los entes obligados utilicen tecnologías de la información y que dentro de un plazo razonable la información esté a disposición  del público. No obstante, ninguna institución podrá negar información so pretexto de no contar con la tecnología adecuada.

Capítulo II
Información reservada

Información reservada

Art. 19. Es información reservada:

a.     Los planes militares secretos y las negociaciones políticas a que se refiere el artículo 168 ordinal 7º
de la Constitución.

b.    La que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública.

c.     La que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país.

d.    La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.

e.	La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva.

f.	La que causare un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las leyes.

g.	La que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso.

h.    La que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de
derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional.

Plazo de reserva

Art. 20. La información clasificada como reservada según el artículo 19 de esta ley, permanecerá con tal carácter  hasta por un período  de siete años. Esta información  podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a esa calificación, aún antes del vencimiento de este plazo.

El  Instituto podrá  ampliar el  período de  reserva por  cinco  años  adicionales a  solicitud de  los entes obligados, quienes actuarán de oficio o a petición de persona interesada, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

En caso de los literales “a y b” del artículo 19 de esta ley, podrán darse prórrogas por períodos adicionales, si el ente obligado justifica la necesidad de la continuidad de la reserva.

Cuando  concluya  el  período  de  reserva  la  información  será  pública,  sin  necesidad  de  acuerdo o resolución previa, debiendo protegerse la información confidencial que aún contenga. El Instituto deberá llevar un registro público de la información que se desclasifique.

Declaración de reserva

Art. 21. En caso que estime que la información debe clasificarse como reservada, la entidad competente deberá motivar en su resolución que se cumplen los siguientes extremos:

a.   Que la información encuadra en alguna de las causales de excepción al acceso a la información previstas en el artículo 19 de esta ley.

b.   Que la liberación de la información en referencia pudiera amenazar efectivamente el interés jurídicamente protegido.

c.	Que el daño que pudiera producirse con la liberación de la información fuere mayor que el interés público por conocer la información en referencia.

La resolución deberá contener la siguiente información: a.	Órgano, ente o fuente que produjo la información. b.    La fecha o el evento establecido.
c.   La autoridad que adoptó la decisión de reservar la información.

d.   Las personas o instancias autorizadas a acceder a esa información, preservando   el carácter confidencial, en caso que las hubiere.

e.	Las partes de información que son sometidas a confidencialidad o reserva y las que están disponibles para acceso al público.

Índice de información reservada

Art. 22. Las  Unidades de  Acceso a  la  Información Pública elaborarán semestralmente y  por rubros temáticos un índice de la información clasificada como reservada. Dicho índice deberá indicar la unidad administrativa  que generó  la información,  la fecha de la clasificación,  su fundamento,  el plazo  de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se reservan. Dicha información deberá ser remitida al Instituto.

En  ningún  caso  el  índice  será  considerado  como  información  reservada  y  el  mismo  deberá  ser publicado.

Registro de reservas

Art. 23. Al Instituto le corresponderá llevar el registro centralizado de los índices de información reservada, el cual estará a disposición del público.

Capítulo III
Información confidencial

Información confidencial

Art. 24. Es información confidencial:

a.   La referente al derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen, así
como archivos médicos cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de la persona.

b.   La entregada con tal carácter por los particulares a los entes obligados, siempre   que por la naturaleza de la información tengan el derecho a restringir su divulgación.

c.   Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión.

d.   Los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado
como tal por una disposición legal.

Los padres, madres y tutores tendrán derecho de acceso irrestricto a la información confidencial de los
menores bajo su autoridad parental.

Consentimiento de la divulgación

Art. 25. Los entes obligados no proporcionarán información confidencial sin que medie el consentimiento expreso y libre del titular de la misma.

Capítulo IV
Disposiciones comunes para la información reservada y confidencial

Acceso a información restringida por autoridades públicas

Art. 26. Tendrán acceso a información confidencial y reservada las autoridades competentes en el marco
de sus atribuciones legales.

Custodia de la información restringida

Art. 27. El titular de cada dependencia o entidad deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los documentos que contengan información reservada o confidencial.

Responsabilidad

Art.  28. Los funcionarios que divulguen información reservada o confidencial   responderán conforme a las sanciones que ésta u otras leyes establezcan; de la misma forma, responderán las personas que a sabiendas del carácter reservado o confidencial divulgaren dicha información.

Solución de discrepancias

Art. 29. En caso de discrepancia sobre la clasificación de la información entre el particular y un ente obligado o entre entes obligados, resolverá el Instituto.

Versiones públicas

Art. 30. En  caso  que  el  ente  obligado  deba  publicar  documentos  que  contengan  en  su  versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese  la supresión efectuada.

TITULO III DATOS PERSONALES

Capítulo I
Protección de datos personales

Derecho a la protección de datos personales

Art. 31. Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando esta información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron  su petición, en los términos de esta  ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante.

Deberes de los entes obligados

Art. 32. Los entes obligados  serán responsables  de proteger los datos personales  y, en relación con éstos, deberán:

a.   Adoptar  procedimientos  adecuados  para  recibir  y  responder  las  solicitudes  de  indagatoria,
actualización, modificación y supresión de datos personales.

b.   Usar los datos exclusivamente en el cumplimiento de los fines institucionales para los que fueron solicitados u obtenidos.

c.   Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados.

d.   Rectificar o completar los datos personales que fueren inexactos o incompletos.

e.	Adoptar medidas que protejan la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Prohibición de difusión

Art. 33. Los entes obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información administrados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso y libre, por escrito o por un medio equivalente, de los individuos a que haga referencia la información.

Difusión sin consentimiento

Art. 34. Los entes obligados deberán proporcionar o divulgar datos personales, sin el consentimiento del
titular, en los siguientes casos:

a.	Cuando fuere necesario por razones estadísticas, científicas o de interés general, siempre que no se identifique a la persona a quien se refieran.

b.   Cuando  se  transmitan entre  entes  obligados,  siempre  y  cuando  los  datos  se  destinen  al
ejercicio de sus facultades.

c.	Cuando se trate de la investigación  de delitos e infracciones administrativas,   en cuyo caso se seguirán los procedimientos previstos en las leyes pertinentes.

d.   Cuando exista orden judicial.

e.	Cuando  contraten o  recurran a  terceros para  la  prestación de  un  servicio  que  demande el tratamiento de  datos personales. Los  terceros no  podrán   utilizar los  datos personales con propósitos  distintos  a aquellos  para  los cuales se les hubieren  proporcionado  y tendrán las responsabilidades legales que genere su actuación.

Lista de registros o sistemas de datos personales

Art.  35. Los  entes  obligados  que  posean,  por  cualquier  título,  registros  o  sistemas  de  datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto, que mantendrá una lista actualizada de los mismos y de la información general sobre sus protocolos de seguridad.

Los  entes  obligados  que  decidan  destruir  un  sistema  de  datos  personales   deberán  notificar  al
Instituto, para efectos de suprimirlo de la lista.

Capítulo II

Procedimiento

Solicitud de datos personales

Art. 36. Los titulares de los datos personales o sus representantes, previa acreditación, podrán solicitar a los entes obligados, ya sea mediante escrito libre, en los términos del artículo 66 de esta ley o formulario expedido por el Instituto, lo siguiente:

a.   La información contenida en documentos o registros sobre su persona. b.   Informe sobre la finalidad para la que se ha recabado tal información.

c.	La consulta directa de documentos, registros o archivos que contengan sus datos que obren en el registro o sistema bajo su control, en los términos del artículo 63 de esta ley.

d.   La rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información que  le concierna, según sea el caso, y toda vez que el procedimiento para tales modificaciones no esté regulado por una ley especial.

Tratándose  de los literales a, b y c, los entes obligados deberán entregar en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, la información correspondiente; o bien, le comunicarán por escrito que ese registro o sistema de datos personales no contiene los requeridos por el solicitante.

En el caso  del literal  d, la solicitud  deberá  ser  acompañada  de la documentación  que respalde lo pedido. El Oficial de Información deberá entregar al solicitante, en un plazo de treinta días hábiles desde la presentación de la solicitud, una comunicación que haga constar las modificaciones; o bien, le informará de manera motivada, la razón por la cual no procedieron las reformas.

Gratuidad de la entrega de datos personales

Art. 37. La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los costos a que se refiere el artículo 61 de esta ley.

Recurso de apelación

Art.  38. Contra la negativa de entrega de informes, de la consulta directa, rectificación, actualización, confidencialidad o  supresión de  datos  personales, procederá la  interposición del recurso de apelación ante el Instituto. También procederá dicho recurso en el caso de falta de respuesta en los plazos a que se refiere el artículo 36 de esta ley.

Acciones legales

Art. 39. En caso de denegatoria del recurso de apelación ante el Instituto, quedarán a salvo las demás acciones previstas por la ley.

TÍTULO IV

Administración de Archivos

Capítulo Único

Lineamientos para la administración de archivos

Art. 40. Corresponderá al Instituto elaborar y actualizar los lineamientos técnicos  para la administración, catalogación, conservación y protección de información pública en poder de los entes obligados, salvo que existan leyes especiales que regulen la administración de archivos de los entes obligados.
Los lineamientos tomarán  en cuenta  las normas, estándares y prácticas  internacionales en la materia. Los lineamientos serán orientaciones generales para la  administración más eficaz y  eficiente de  los
archivos.

Contenido de los lineamientos

Art.  41. Los lineamientos que el Instituto emita para la creación o generación de datos y archivos,  así como para la conservación de los mismos, contendrán los siguientes aspectos:

a.   Criterios sobre la identificación y seguimiento a los datos y documentos desde el momento en que
sean creados o recibidos.

b.   Mecanismos que permitan la adecuada administración, catalogación, conservación y protección de
la información de acuerdo con su naturaleza.

c.   Mecanismos para la conservación y mantenimiento de la información que obedezca a estándares
mínimos en materia de archivología.

d.   La capacitación a funcionarios en técnicas de archivología.
e.   La organización de la información, de manera que facilite la consulta directa de los particulares. f.	El uso de tecnologías que permitan el resguardo eficiente y eficaz de la información pública.

Los lineamientos deberán tener en cuenta las capacidades materiales y  de recurso humano de las instituciones a las que se dirijan.

Funcionamiento de archivos

Art.  42. Los entes obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán asegurar el
adecuado funcionamiento de los archivos, con tal fin:

a.	Crearán un sistema de archivo que permita localizar con prontitud y seguridad los datos que genere, procese o reciba  con motivo del desempeño de su función, el cual deberá mantenerse actualizado.

b.   Establecerán programas de automatización de la consulta de archivos por medios electrónicos. c.   Se guiarán por los lineamientos y observaciones que sobre el particular emita el Instituto.
Responsable de archivos

Art. 43. Los titulares de los entes obligados designarán a un funcionario responsable de los archivos en cada entidad, quien será el encargado de la organización, catalogación, conservación y administración de los documentos de la entidad; además, elaborará y pondrá a disposición del público  una guía de la organización del archivo y de los sistemas de clasificación y catalogación.

Características de los archivos

Art. 44. La información en poder de las instituciones públicas deberá estar disponible en los archivos
correspondientes, los que deberán satisfacer las siguientes características:

a.	Cuando se trate de información correspondiente al año que esté en curso, impresos en papel, digitalizados o en cualquier medio de soporte electrónico.

b.   La información oficiosa del año inmediato anterior al que se encuentre en curso deberá estar disponible de manera electrónica para su consulta y organizada de acuerdo con los principios archivológicos.

c.   Los archivos deberán estar clasificados por períodos, áreas o rubros.

TÍTULO V

Promoción de la Cultura de Acceso a la Información

Capítulo único

Capacitación de los servidores públicos

Art. 45. Con la finalidad de promover una cultura de acceso a información en la administración pública, los entes obligados deberán capacitar periódicamente a todos sus servidores públicos en materia del  derecho de  acceso a  la  información pública y  el  ejercicio del  derecho a la protección de datos personales,  a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que consideren pertinente. El Instituto podrá cooperar en el diseño y ejecución de dichas  capacitaciones, para  lo cual podrá  celebrar convenios con las distintas entidades públicas.

Promoción de cultura de acceso a la información en programas de estudio

Art. 46. El  Ministerio  de  Educación  incluirá  en  los  planes  y  programas  de  estudio  de  educación formal para los niveles inicial, parvulario, básico y medio, contenidos que versen sobre la importancia democratizadora  de  la  transparencia,  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública,  el  derecho a la participación ciudadana para la toma de decisiones y el control de la gestión pública y el derecho a la  protección de datos personales. El Instituto dará sugerencias para dichos planes de estudio  y  podrá celebrar  convenios con instituciones públicas  y privadas  que presten servicios de educación formal a estos niveles. El Ministerio de Educación, con la cooperación del Instituto, capacitará a los maestros que impartan dichos cursos.

El Instituto promoverá en las instituciones públicas y privadas de educación superior la integración de los temas señalados en el inciso anterior, dentro de sus actividades académicas curriculares y extracurriculares. Con tal fin el Instituto podrá celebrar convenios con dichas instituciones para compartir las experiencias en la materia y para la asistencia en el diseño de planes y programas de estudio.

Promoción de cultura de transparencia en la sociedad civil

Art. 47. El Instituto promoverá la cultura de transparencia  en la sociedad civil con el objeto de que los beneficios de la presente ley puedan proyectarse efectivamente al servicio de todas las personas. Con tal fin, el Instituto celebrará talleres, conferencias, seminarios y otras actividades similares para difundir los derechos y obligaciones que esta ley contempla, así como para capacitar a los integrantes de la sociedad civil en el ejercicio del derecho de acceso a la información, derecho a la participación ciudadana para la toma de decisiones y control de la gestión pública, la protección de datos personales y los demás que contempla la presente ley.

Para lograr los fines señalados, el Instituto podrá suscribir convenios con toda clase de organizaciones
privadas y públicas.

TÍTULO VI ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Capítulo I

Unidades de Acceso a la Información Pública y Oficiales de Información

Unidades de Acceso a la Información Pública

Art. 48. Los entes obligados del sector público tendrán unidades de acceso a la información pública, las cuales  serán  creadas  y  organizadas  según  las  características de  cada  entidad  e  institución para manejar las solicitudes de información. Se podrán establecer unidades auxiliares en razón de la estructura organizacional, bases presupuestarias, clases y volumen de operaciones.

El Oficial de Información será nombrado por el titular de la entidad respectiva para dirigir la unidad.

El  Instituto, mediante resolución motivada, podrá sugerir la  creación   de  Unidades   de  Acceso a la Información Pública adicionales con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información  pública, tomando en consideración los criterios mencionados en el inciso primero  de este artículo.

Las municipalidades  con un presupuesto  anual  ordinario  menor  a dos millones  de dólares,  podrán tener Unidades  de Acceso a la Información  unipersonales  integradas  por el Oficial de Información, cuya designación podrá recaer en el Secretario Municipal  o en cualquiera de los miembros del Concejo Municipal.

Requisitos para ser Oficial de Información

Art. 49. Para ser Oficial de Información se requiere:

a.   Ser salvadoreño, de reconocida honorabilidad, con experiencia en la Administración Pública,  e
idoneidad para el cargo.

b.   De preferencia con título universitario.

c.   No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado por infringir la Ley de
Ética Gubernamental en los cinco años anteriores al ejercicio del cargo.

d.   Estar solvente  de responsabilidades administrativas en la Corte de Cuentas de la República, la  Procuraduría  General  de  la  República  y  la  Hacienda  Pública.  En  caso  de  profesiones regladas, no haber sido sancionado por el organismo de vigilancia de la profesión en los últimos cinco años.

e.   Tener cuando menos veintiún años de edad el día de su designación. f.    Participar en concurso transparente y abierto para acceder al cargo. g.    Recibir un curso preparatorio impartido por el Instituto.

En los casos en que, de conformidad con el artículo anterior, la designación del oficial recaiga en el Secretario Municipal o en un miembro del Concejo Municipal, bastará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales a, c, d, e y g del inciso anterior.

Funciones del Oficial de Información

Art. 50. El Oficial de Información tendrá las funciones siguientes:

a.   Recabar  y difundir  la  información  oficiosa y propiciar  que  las  entidades  responsables  las
actualicen periódicamente.

b.   Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a   solicitud del titular y
de acceso a la información.

c.	Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que solicitan.

d.   Realizar  los  trámites  internos  necesarios  para  localización  y  entrega  de  la  información solicitada y notificar a los particulares.

e.   Instruir a los servidores de la dependencia o entidad que sean necesarios, para recibir y dar trámite
a las solicitudes de acceso a la información.

f.    Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos.

g.   Garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares. h.   Realizar las notificaciones correspondientes.
i.    Resolver sobre las solicitudes de información que se les sometan.

j.	Coordinar  y  supervisar  las  acciones  de  las  dependencias  o  entidades  correspondientes con el objeto de proporcionar la información prevista en esta ley.

k.   Establecer  los  procedimientos  internos  para  asegurar  la  mayor  eficiencia  en  la  gestión de
las solicitudes de acceso a la información.

l.    Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la dependencia o entidad, que
deberá ser actualizado periódicamente.

m.  Elaborar el índice de la información clasificada como reservada.

n.   Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere el artículo 60 de esta Ley.

Capítulo II

Instituto de Acceso a la Información Pública

Creación del Instituto de Acceso a la Información Pública

Art. 51. Créase el Instituto de Acceso a la Información Pública, como institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera, encargado de velar por la aplicación de esta ley. En el texto de la misma podrá denominarse El Instituto.

Integración del Instituto

Art. 52. El Instituto estará integrado por cinco Comisionados y sus respectivos suplentes, quienes serán nombrados por el Presidente de la República. Durarán en sus cargos seis años y no podrán ser reelegidos.

Los  comisionados  suplentes  sustituirán  a  los  propietarios  en  caso  de  muerte,  renuncia,  permiso,
imposibilidad de concurrir, excusa cuando exista conflicto de intereses u otra razón válida. El instituto adoptará sus decisiones por mayoría simple.

Procedimiento para la elección

Art. 53. Los Comisionados propietarios y suplentes serán electos de ternas propuestas así:

a.   Una terna propuesta por las asociaciones empresariales debidamente inscritas. b.   Una terna propuesta por las asociaciones profesionales debidamente inscritas.
c.	Una terna propuesta por la Universidad de El Salvador y las universidades privadas debidamente autorizadas.

d.   Una terna propuesta por las asociaciones de periodistas debidamente inscritas.

e.   Una terna propuesta por los sindicatos autorizados  por el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social.

La elección de las ternas será realizada en asamblea general por sectores, convocadas especialmente al efecto. Corresponderá al Ministerio de Economía convocar a las asociaciones empresariales; al Ministerio de Gobernación  convocar a las asociaciones  profesionales; al Ministerio de Educación convocar   a  las universidades; a la Secretaría  de Comunicaciones de la Presidencia de la República  convocar  a  las asociaciones de periodistas; y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social convocar a los sindicatos.

La convocatoria a la elección de las ternas deberá realizarse sesenta días previos a la fecha del inicio de funciones.

La convocatoria para cada asamblea general se realizará con quince días de anticipación, por lo menos, a la fecha señalada para la reunión, por medio de aviso que se publicará en dos periódicos de circulación nacional. La entidad responsable, además del aviso, enviará dentro del plazo de la convocatoria una carta circular a las entidades que deberán elegir las ternas, recordándoles el lugar y la fecha en que se celebrará la asamblea general.

La asamblea general será presidida por el responsable de la entidad convocante o su representante o quien haga sus veces y se instalarán válidamente en primera y única convocatoria cualquiera que sea el número de entidades presentes.

La terna de propietarios y la terna de suplentes deberán ser elegidas por mayoría simple. Cada entidad
presente y debidamente acreditada tendrá derecho a un voto.

El Presidente de la República contará con treinta días para hacer la selección de los miembros propietarios
y suplentes del Instituto.

Si por cualquier motivo se atrasare la elección de los Comisionados, continuarán en el cargo los titulares del período anterior hasta que se elijan los nuevos funcionarios.

El Presidente de la República emitirá el reglamento de las Asambleas sectoriales para la elección de los
Comisionados.

Requisitos para ser Comisionado

Art. 54. Para ser Comisionado se requiere:

a.	Ser salvadoreño con título universitario y haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas.

b.   No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado por infringir la Ley de Ética
Gubernamental en los últimos cinco años.

c.   Estar solvente de responsabilidades administrativas en la Corte de Cuentas de la República, la

Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Hacienda Pública. En caso de profesiones regladas, no haber sido condenado por el organismo de vigilancia de la profesión en los últimos cinco años.

d.   Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día de su designación.

Incompatibilidades

Art. 55. El  cargo de  Comisionado es  incompatible con cualquier otra actividad remunerada, salvo  el
ejercicio de la docencia.

Causas de remoción

Art. 56. Los Comisionados podrán ser removidos de sus cargos por el Presidente de la República en los
casos siguientes:

a.   Cuando hayan sido condenados por delitos.

b.   Por actos  u omisiones  que afecten  gravemente  el buen  funcionamiento  del Instituto  y por incumplimiento de sus funciones.

c.   Por incapacidad o inhabilidad sobreviniente.

d.   Por divulgar o utilizar información reservada o confidencial, por mala fe o negligencia.

Presidente del Instituto

Art. 57. El Instituto será presidido por un comisionado designado por el Presidente de la República, quien
tendrá la representación legal del mismo.

Atribuciones del Instituto

Art. 58. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

a.    Velar por la correcta interpretación y aplicación de esta ley.

b.   Garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la protección de la información personal.

c.   Promover una cultura de transparencia en la sociedad y entre los servidores públicos. d.   Conocer y resolver los recursos de apelación.
e.   Conocer y resolver del procedimiento sancionatorio y dictar sanciones administrativas.

f.    Dictar las medidas cautelares que fueren pertinentes mediante resolución motivada.

g.   Resolver controversias en relación a la clasificación y desclasificación de información reservada.

h.   Proporcionar apoyo técnico a los entes obligados en la elaboración y ejecución de sus programas de promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información.

i.	Elaborar los formularios para solicitudes de acceso a la información, solicitudes referentes a datos personales y solicitudes para interponer el recurso de apelación.

j.	Establecer los lineamientos para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales y de la información pública, confidencial y reservada en posesión de las dependencias y entidades.

k.   Elaborar la guía de procedimientos de acceso a la información pública.

l.	Evaluar el desempeño de los entes obligados sobre el cumplimiento de esta ley conforme a los indicadores que diseñe a tal efecto.

m.  Desarrollar cursos de capacitación a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y administración de archivos.

n.   Elaborar y publicar estudios e investigaciones sobre la materia de esta ley.

o.   Asesorar y cooperar con los entes obligados en el cumplimiento de esta ley. p.   Elaborar su reglamento interno y demás normas de operación.
q.   Nombrar y destituir a sus funcionarios y empleados.

r.    Publicar la información pública en su posesión, así como sus resoluciones.

s.    Preparar su proyecto de presupuesto anual y darle el trámite correspondiente. t.    Las demás que le confiera esta ley.

Conflicto de intereses

Art. 59. Los comisionados estarán obligados a plantear ante el pleno cualquier conflicto de intereses que pudiera existir ante un caso que se presente al Instituto. En este caso, se deberá llamar inmediatamente al suplente respectivo.

También podrá señalar dicho conflicto de intereses u otro impedimento legal la parte que se considere afectada por el mismo. Serán aplicables las causales de recusación del derecho común. El pleno, sin participación del comisionado  señalado, resolverá si éste deberá de abstenerse de conocer y opinar sobre el caso.

Informe anual

Art.  60. El  Instituto  rendirá  anualmente  un  informe  público  a  la Asamblea  Legislativa  sobre  el acceso a la información, con base en los datos que le rindan las dependencias y entidades, que incluirá el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada ente obligado así como su resultado, con  indicación  de  las  solicitudes  otorgadas  y  rechazadas  y  los  motivos del rechazo; su tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; y las dificultades observadas en el cumplimiento de la ley.

TITULO VII

PROCEDIMIENTO  DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ANTE LOS ENTES OBLIGADOS

Capítulo I

Características del acceso

Gratuidad

Art. 61.  La obtención y consulta de la información pública se regirá por el principio de gratuidad, en
virtud del cual se permitirá el acceso directo a la información libre de costos.

La  reproducción  y  envío  de  la  información,  en  su  caso,  será  sufragada  por  el  solicitante,  si bien su valor no podrá ser superior al de los materiales utilizados y costos de remisión. Los entes obligados deberán disponer de hojas informativas de costos de reproducción y envío. El envío por vía electrónica no tendrá costo alguno.

En caso de copias certificadas, se aplicarán las tasas previstas en las leyes especiales.

Tratándose  de  copias  magnéticas  o  electrónicas,  si  el  interesado  aporta  el  medio  en  que será
almacenada la información, la reproducción será gratuita.

Entrega de información

Art. 62. Los entes obligados deberán entregar únicamente información que se encuentre en su poder. La obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta directa los documentos que la contengan en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante  la expedición  de copias simples, certificadas o por cualquier otro medio tecnológico conocido o por conocerse.

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el soporte de la información solicitada. Se entregarán los documentos en su totalidad o partes de los mismos según lo haya pedido el solicitante. En caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, tales como  libros,  compendios,   archivos  públicos,  formatos  electrónicos   disponibles   en  Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Consulta directa

Art. 63. El solicitante tendrá derecho a efectuar la consulta directa de información pública dentro de los horarios de atención general del ente obligado correspondiente.

Se permitirá  la consulta  directa  de los datos o registros  originales  en caso que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital, microfichas y que su estado lo permita.

Bajo ninguna circunstancia se prestará o permitirá la salida de registros o datos originales de los archivos en que se hallen almacenados.

Los entes obligados deberán asesorar al solicitante sobre el servicio de consulta directa de información pública.

Validez de la información

Art. 64.  Los documentos emitidos por los órganos de la Administración Pública utilizando tecnologías de la información y comunicaciones gozarán  de la validez de un documento original,  siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación, y el cumplimiento de requisitos y garantías que disponga la legislación pertinente.

Resolución motivada

Art. 65. Todas las decisiones de los entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y serán motivadas, con mención breve pero suficiente de sus fundamentos, precisándose las razones de hecho y de Derecho que determinaron e indujeron a la entidad a adoptar su decisión. Dichas decisiones deberán ser notificadas por el medio que haya sido indicado por el solicitante.

Capítulo II

Del procedimiento de acceso

Solicitud de información

Art. 66.   Cualquier  persona o su representante  podrán presentar  ante el Oficial de Información una solicitud en forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en los formularios que apruebe el Instituto.

La solicitud deberá contener:

a.	El nombre del solicitante, lugar o medio para recibir notificaciones, fax o correo electrónico, o la autorización para que se le notifique por cartelera, y en su caso los datos del representante.

b.   La descripción clara y precisa de la información pública que solicita.

c.   Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar la búsqueda.

d.   Opcionalmente, la  modalidad  en  la  que  prefiere  se  otorgue  el  acceso a  la  información, ya sea mediante  consulta  directa, o que se expidan copias simples o certificadas u otro tipo de medio pertinente.

En caso de que la solicitud sea verbal, deberá llenarse un formulario donde se haga constar la solicitud. Será obligatorio presentar documento de identidad. En caso de menores de dieciocho años de edad, se
deberá presentar el respectivo carnet de identificación personal o, a falta de éste, cualquier documento de identidad emitido por entidades públicas u organismos privados.

Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastasen para localizar la información pública o son erróneos, el Oficial de Información podrá requerir, por una vez y dentro de los tres días hábiles siguientes a  la  presentación  de  la  solicitud, que indique otros elementos o  corrija los  datos. Este  requerimiento interrumpirá el plazo de entrega de la información. Si el interesado no subsana las observaciones en un plazo de cinco días desde su notificación, deberá presentar nueva solicitud para reiniciar el trámite.

Si la solicitud es presentada ante una unidad administrativa distinta, ésta tendrá la obligación de indicar al solicitante la ubicación física del Oficial de Información.

En  ningún  caso  la  entrega  de  información  estará  condicionada   a  que  se  motive  o  justifique  su
utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

Se deberá entregar al solicitante una constancia de que su solicitud ha sido interpuesta.

Información en manos de entes privados

Art. 67. Las solicitudes de información en las sociedades de economía mixta y las personas privadas, naturales o jurídicas, obligadas por esta ley se tramitarán ante el Oficial de Información del ente público al que corresponda  su vigilancia o con el que se vinculen. Estos entes obligados deberán  informar  al solicitante cuál es la entidad competente para este propósito.

Asistencia al solicitante

Art. 68. Los interesados tendrán derecho a la asistencia para el acceso a la información y al auxilio en la elaboración de las solicitudes, si así lo pide.

Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, éste deberá
informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse.

Enlace

Art. 69. El Oficial de Información será el vínculo entre el ente obligado y el solicitante, y responsable de hacer las notificaciones  a que se refiere esta ley. Además,  deberá  llevar  a cabo todas  las gestiones necesarias en la dependencia o entidad a fin de facilitar el acceso a la información.

Transmisión de solicitud a unidad administrativa

Art. 70. El Oficial de Información transmitirá la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible.

Plazos de respuesta

Art. 71.  La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá  ser  mayor  de  diez  días  hábiles,  contados  desde  la  presentación de  aquélla, siempre que la información requerida no exceda de cinco años de haber sido generada. Si la información requerida excede de los cinco años de haberse generado, el plazo podrá ampliarse por diez días hábiles más.

En caso de que no pueda entregarse la información  en tiempo, por la complejidad de la información u otras circunstancias excepcionales, por resolución motivada podrá disponerse de un plazo adicional de cinco días hábiles.

El   oficial de   información precisará el costo y la modalidad en  que será   entregada la información,
atendiendo en la medida de lo posible a los términos de la solicitud.

Resolución del Oficial de Información

Art. 72. El Oficial de Información deberá resolver:

a.   Si con base en una clasificación  de reserva preexistente, niega el acceso a la información. b.   Si la información solicitada es o no de carácter confidencial.
c.   Si concede el acceso a la información.

La resolución del Oficial de Información deberá hacerse por escrito y será notificada al interesado en el plazo. La concesión de la información podrá hacerse constar con una razón al margen de la solicitud. En caso de ser negativa la resolución, siempre deberá fundar y motivar las razones de la denegatoria de la información e indicar al solicitante el recurso que podrá interponer ante el Instituto.

Información inexistente

Art.  73. Cuando   la   información   solicitada   no   se   encuentre   en   los   archivos   de   la   unidad administrativa, ésta deberá retornar al Oficial de Información  la solicitud de información,  con oficio en donde lo haga constar. El Oficial de Información analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar en la dependencia o entidad la información solicitada y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarla, expedirá  una  resolución  que  confirme  la  inexistencia de  la  información.  En caso  de  encontrar  la información proseguirá con la tramitación.

Excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de información

Art. 74. Los Oficiales de Información no darán trámite a solicitudes de información:

a.   Cuando éstas sean ofensivas o indecorosas.

b.   Cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso,  deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.

c.   Cuando la solicitud sea manifiestamente irrazonable.

Efectos de la falta de respuesta

Art. 75.  La falta de respuesta  a una solicitud  de información  en el plazo  establecido  habilitará al solicitante  para acudir  ante el Instituto,  dentro  de los quince  días hábiles  siguientes,  para que  éste determine si la información solicitada es o no reservada o confidencial en un plazo de diez días hábiles. Si  la información  es  de  acceso  público,  el  Instituto  ordenará  conceder  el acceso  de  la  misma  al interesado. De cerciorarse que hay indicios de una conducta infractora, iniciará el proceso correspondiente.

El ente obligado deberá dar acceso a la información solicitada en un período no mayor a tres días hábiles
después de recibir la resolución del Instituto.

De persistir  la negativa  de entrega  de la información,  el interesado  podrá  denunciar  el hecho ante
el Instituto para los efectos consiguientes.

TÍTULO VIII INFRACCIONES Y SANCIONES Capitulo único
Infracciones y sanciones

Infracciones

Art. 76. Las infracciones  a la presente ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

Son infracciones muy graves:

a.  Sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, información  que se encuentre bajo su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento  con motivo de su empleo, cargo o comisión.

b.  Entregar o difundir información reservada o confidencial.

c.  No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el  Instituto.

d.  El  incumplimiento  por  parte  del  funcionario  competente  de  nombrar  a  los  Oficiales  de
Información.

e.  Negarse a entregar la información solicitada, sin la debida justificación.

f.   Tener la información bajo su custodia de manera   desactualizada, desordenada, en violación ostensible a las medidas archivísticas establecidas en esta ley y por el  Instituto.

Son infracciones graves

a.	Actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley.

b.   Denegar información no clasificada como reservada o que no sea confidencial.

c.   No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por un Oficial de Información.

d.   Proporcionar parcialmente o de manera ininteligible la información cuya entrega haya sido ordenada
por el Instituto.

e.	Invocar como reservada información que no cumple con las características señaladas en esta ley.  La responsabilidad solo existirá  cuando  haya una resolución  previa respecto  del criterio de clasificación de esa información.

f.    Proporcionar parcialmente o de manera ininteligible la información cuya entrega haya sido ordenada
por el Oficial de Información. Son infracciones leves:
a.   Pedir justificación para la entrega de información.

b.   Elevar los costos de reproducción de la información sin justificación alguna. c.   No proporcionar la información en el plazo fijado por esta ley.

Sanciones

Art.  77. Por  la  comisión  de  las  infracciones  señaladas  en  el  artículo  anterior,  se  impondrán  al funcionario público  con  facultad  para  tomar  decisiones  dentro  de  las  atribuciones  de  su  cargo las siguientes sanciones:

a.   Por la  comisión de  infracciones muy graves,  se  impondrá al  infractor una multa  de veinte a
cuarenta salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios.

La comisión de dos o más infracciones muy graves en el plazo de trescientos sesenta y cinco días, dará lugar, en función de los criterios de graduación del artículo siguiente, a la suspensión de funciones por el término de treinta días calendario ordenada por la autoridad superior correspondiente, salvo si la conducta es causal de destitución de acuerdo con el régimen del servicio aplicable.

b.   Por  la  comisión   de  infracciones   graves,  se  impondrá  al  infractor  una  multa de diez a
dieciocho salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios.

c.   Por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa cuyo importe será de
uno hasta ocho salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios.

Todas las sanciones impuestas serán publicadas en los medios electrónicos del Instituto e incorporadas
como anexos del informe anual.

Graduación de la cuantía de las sanciones

Art. 78. La  cuantía  de  las  multas  que  se  impongan,  dentro  de  los  límites  indicados,  se graduará teniendo en cuenta lo siguiente:

a.  La existencia de intencionalidad o de reiteración en el hecho.

b.  La reincidencia, por comisión de infracciones de la misma naturaleza, sancionadas mediante resolución firme.

c.  La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados por el infractor.

d.  La extensión del período durante el que se haya venido cometiendo la infracción.

Prescripción

Art. 79.   Las acciones para interponer denuncias por las infracciones a la presente ley prescribirán en el
plazo de noventa días contados desde la fecha en que se hayan cometido.

Las sanciones impuestas por el Instituto por dichas infracciones prescribirán en el término de tres años
contados desde la fecha en que hubiere quedado firme la respectiva resolución.

Obligación de aviso

Art. 80. El Oficial de Información o el Instituto darán aviso al Fiscal General de la República, para los efectos  legales  pertinentes,  cuando  en  los procedimientos  establecidos  en la presente  ley se hayan encontrado indicios de que se ha cometido un acto delictivo.

Otras responsabilidades legales

Art. 81. La aplicación  de las sanciones  se entenderá  sin perjuicio  de las responsabilidades penales,
civiles, administrativas o de otra índole en que incurra el responsable.

TITULO IX

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SANCIONATORIO ANTE EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo Único

Interposición del recurso de apelación

Art.  82. El   solicitante a   quien el Oficial de Acceso a la Información haya notificado resolución  que deniegue el acceso a la información, afirme la inexistencia de la misma o incurra en cualquiera de las causales enunciadas en el artículo siguiente, podrá interponer por sí o a través de su representante el recurso de apelación ante el Instituto o ante el Oficial de Información que haya conocido del asunto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

Deberá presentarse el recurso por escrito, de forma libre o en los formularios que apruebe el Instituto. El Oficial de Información deberá remitir la petición y el expediente al Instituto a más tardar el siguiente día hábil de haberla recibido.

Otras causales para interponer el recurso de apelación

Art. 83. El recurso de apelación también procederá cuando:

a.   La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en
un formato defectuoso o incomprensible.

b.   La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales. c.   El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega.

d.   La información entregada sea incompleta o no corresponda a la información  requerida en  la
solicitud.

Escrito de interposición del recurso de apelación

Art. 84. El  escrito  de  interposición  del  recurso  de  apelación  y  los  formularios  aprobados  por  el
Instituto deberán contener:

a.   La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud.

b.   El nombre del recurrente y el lugar o medio para recibir notificaciones, fax o correo electrónico. c.   La fecha en que se notificó al recurrente.
d.   El acto recurrido y los puntos petitorios.

Medidas cautelares

Art. 85. El Instituto podrá adoptar las medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales en cualquier momento del procedimiento, mediante resolución motivada. En particular, podrá:

a.   N o tificarse al superior jerárquico del infractor de la existencia de posibles conductas infractoras y
de la incoación del recurso ante el  Instituto.

b.   Solicitar al titular de la entidad la adopción  de medidas especiales  de resguardo y copia de
seguridad de la información de que se trate.

c.	Solicitar  una  copia  de  la  información  objeto  de  la  apelación  excepto  si  es  de  naturaleza reservada, la copia será resguardada de manera confidencial por el Instituto y devuelta al final del incidente de apelación.

Estas medidas se tomarán con resguardo de los derechos de los particulares a la protección de sus datos
personales cuando éstos pudieran ser afectados.

Se  respetará,  en  todo  caso,  el  principio de proporcionalidad de la medida con los objetivos que  se
pretendan alcanzar en cada supuesto.

En ningún caso podrá ordenarse como medida cautelar el secuestro o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos  de todo tipo.

Admisión

Art. 86. El Instituto  deberá  subsanar las deficiencias de derecho de los escritos  interpuestos por los particulares tanto para el recurso de apelación como en las denuncias y únicamente si esto no fuere posible requerirá  al solicitante que subsane  su escrito  en un plazo de tres días hábiles. Se admitirá el recurso en un término de tres días hábiles desde su presentación o de la subsanación por el recurrente o denunciante.

Designación de un Comisionado

Art. 87. Admitido el recurso o denuncia, el Instituto lo someterá a uno de sus comisionados  el caso de manera rotativa. El comisionado designado deberá, dentro de los quince días hábiles siguientes a la admisión del recurso o denuncia, dar trámite a la solicitud, formar el expediente, recabar pruebas y elaborar un proyecto de resolución que someterá al pleno del  Instituto. Este comisionado no participará en las decisiones del pleno referentes al caso.

Notificación de la admisión e informe de la entidad

Art. 88. La admisión del recurso de apelación será comunicada al interesado y al ente obligado, el que deberá rendir informe  dentro de un plazo de siete días hábiles a partir de la notificación. En  caso de denuncia o si en el escrito de interposición  del recurso se hiciere denuncia de una infracción por parte de un servidor público, éste también será notificado inmediatamente y podrá justificar su actuación y alegar su defensa en el mismo plazo de siete días hábiles.

Imputación de una infracción

Art. 89. Si el Comisionado designado encontrare los elementos necesarios para atribuir a un servidor público  la  presunta   comisión   de  una  infracción,  dentro  de  los  tres  días  hábiles posteriores  a su designación, lo remitirá al pleno del Instituto para que resuelva sobre la imputación dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles. El servidor público dispondrá de siete días hábiles contados a partir de la notificación para rendir su defensa.

También podrá   iniciarse   el   procedimiento de   aplicación de   sanciones mediante denuncia escrita  de cualquier  persona,  en  la  cual  se  expondrá  en  detalle  los  hechos  constitutivos  de la  infracción  a la presente ley y anexará las pruebas que tuviera en su poder.

Prueba

Art. 90. Las partes podrán ofrecer pruebas hasta el día de la celebración de la audiencia oral. Serán admitidos  los  medios  de  prueba  reconocidos  en  el  derecho  común,  en  lo  que  fueren aplicables, incluyendo los medios científicos idóneos. Las pruebas aportadas en el proceso serán apreciadas según las reglas de la sana crítica.

Audiencia oral

Art. 91.   El Instituto celebrará  una audiencia oral con las partes en la cual conocerá la prueba y el
comisionado designado presentará el proyecto de resolución.

Ampliación del plazo para celebrar audiencia

Art. 92. Cuando haya causa justificada, el pleno del   Instituto podrá ampliar, por una vez y hasta por un período de diez días hábiles el plazo para celebrar la audiencia. La resolución motivada en la que se determine nueva fecha para la audiencia será notificada a las partes inmediatamente.

Solicitud de información para mejor proveer

Art. 93. La información confidencial que sea solicitada por el  Instituto por estimarla indispensable para resolver  el asunto,  deberá  ser  mantenida  con ese  carácter  y no estará  disponible  en el expediente.

Motivación de resoluciones

Art. 94. Las   resoluciones expedidas por   el Instituto deberán ser fundamentadas en los hechos probados y las razones legales procedentes, bajo pena de nulidad.

Revocatoria

Art. 95. Las partes podrán solicitar la revocatoria dentro del tercer día hábil de haberse notificado la resolución final, la cual deberá ser resuelta en los siguientes tres días hábiles.

Resoluciones definitivas

Art. 96. El pleno resolverá, en definitiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia. Las resoluciones del pleno serán públicas. Las resoluciones definitivas del Instituto podrán:

a.   Desestimar el recurso por improcedente o sobreseerlo.

b.   Confirmar la decisión impugnada del Oficial de Información.

c.   Confirmar la inexistencia de la información pública solicitada.

d.   Revocar o modificar las decisiones del Oficial de Información y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos personales, que reclasifique la información, o bien, que modifique tales datos.

e.	Establecer sanciones o requerir el trámite de imposición de las mismas a las autoridades respectivas.

Las resoluciones deberán ser emitidas por escrito, establecerán los plazos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución. La resolución definitiva que emita el Instituto tendrá fuerza ejecutiva.

Improcedencia

Art. 97. El recurso será desestimado por improcedente cuando:

a.   Sea incoado en forma extemporánea.

b.   El  Instituto haya conocido anteriormente del mismo caso.

c.   Se recurra de una resolución que no haya sido emitida por el Oficial de Información.

Sobreseimiento

Art. 98. El recurso será sobreseído cuando:

a.   El recurrente desista expresamente del mismo.

b.   El recurrente fallezca o tratándose de personas jurídicas, se disuelvan.

c.	Admitido el recurso de apelación, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley.

d.   La dependencia o entidad responsable del acto o resolución impugnada lo modifique o revoque,
de tal manera que se extinga el objeto de la impugnación.

Silencio del Instituto.

Art.  99. Si  el  Instituto  no  hubiere  resuelto  el  recurso  de  acceso  a  la  información   en  el  plazo establecido, la resolución que se recurrió se entenderá revocada por ministerio de ley.

Notificación de presunta responsabilidad penal

Art. 100. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del procedimiento que algún servidor público pudo haber incurrido en responsabilidad penal, deberá hacerlo del conocimiento del titular de la dependencia o entidad responsable y de la Fiscalía General de la República, en su caso, para que inicien el procedimiento de responsabilidad que corresponda. Asimismo, dará inicio el incidente sancionatorio ante el mismo  Instituto.

Impugnación por particulares en proceso contencioso administrativo

Art. 101. Los particulares podrán impugnar las resoluciones negativas a sus pretensiones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de lo Contencioso Administrativo tendrá acceso a la información confidencial cuando la considere indispensable  para  resolver  el  asunto  sometido  a  su  conocimiento.  Dicha  información deberá   ser mantenida con ese carácter y no será agregada en el expediente judicial.

Respeto al debido proceso

Art. 102. El  procedimiento   deberá  respetar  las  garantías  del  debido  proceso.  Las  actuaciones se sujetarán a los principios de legalidad, igualdad de las partes, economía, gratuidad, celeridad, eficacia y oficiosidad, entre otros. En lo referente al procedimiento, supletoriamente se sujetará a lo dispuesto por el derecho común.

TÍTULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, POTESTAD REGLAMENTARIA, APLICABILIDAD Y VIGENCIA
Capítulo Único

Plazo para Publicación de Información Oficiosa

Art. 103. La publicación de la información oficiosa deberá realizarse, a más tardar,  trescientos sesenta y  cinco  días  después  de  la  entrada  en  vigor  de  la  ley.  En  caso  de  incumplimiento, el  Instituto podrá requerirla públicamente antes de iniciar el procedimiento correspondiente a la infracción.

En todo  caso  la información  oficiosa que los entes  obligados  puedan tener  disponible  al entrar  en vigencia  la  presente  ley  deberá  darse  a  conocer  por  cualquier  medio  y  ponerse  a disposición  de los interesados.

Nombramiento del Oficial de Información

Art. 104. Los titulares de los entes obligados designarán al Oficial de Información, a más tardar ciento ochenta días después de la entrada en vigor de este ordenamiento, y de inmediato serán juramentados, se instalarán e iniciarán funciones. Posteriormente, se notificarán los nombramientos al  Instituto, quién deberá ponerla a disposición del público por los medios que estime pertinentes.

Nombramiento de los Comisionados

Art. 105. La designación de los primeros Comisionados será realizada por el Presidente de la República ciento ochenta días después de la entrada en vigencia de la ley.

Tres de los primeros comisionados durarán en sus funciones seis años y dos para cuatro años.

Plazo para interponer solicitudes de información pública y datos personales

Art. 106.   Los particulares podrán presentar las solicitudes de acceso a la información y concernientes a datos  personales  según  los procedimientos  establecidos  en la presente  ley  una  vez que  se informe públicamente que la estructura institucional correspondiente se ha establecido, a más tardar trescientos sesenta y cinco días después de la entrada en vigor de la misma.

En el mismo  plazo,  deberá  de hacerse  del conocimiento  público,  por cualquier  medio,  la guía de procedimientos   y  estar  disponible  en  todas  las  Unidades  de Acceso  a  la  Información  Pública  y páginas web institucionales.

Publicidad y Funcionamiento de Archivos Públicos

Art. 107. Dentro de un plazo de trescientos sesenta y cinco días a partir de la vigencia de la ley, los
entes obligados deberán completar la organización y funcionamiento de sus archivos.

Partida Presupuestaria para el Instituto

Art. 108.   El   Presupuesto   General   de   la   Nación   deberá   establecer   la   partida   presupuestaria correspondiente para la instalación, integración y funcionamiento del Instituto.

Potestad reglamentaria

Art.109. El Presidente  de la República  emitirá los reglamentos de aplicación  de la ley a más tardar en ciento veinte días contados a partir de la vigencia de la ley.

El reglamento de elección de los Comisionados deberá estar elaborado a más tardar ciento veinte días después de la entrada en vigencia de esta ley.

Aplicabilidad de la Ley

Art. 110. La presente  ley se aplicará a toda la información  que se encuentre en poder de los entes obligados; por   tanto,   quedan   derogadas todas   las   disposiciones contenidas en leyes  generales   o especiales  que  la contraríen,  incluyendo  las  que  regulen  el  régimen  de tal información  en la Ley del Seguro Social y la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica  del Río Lempa. No se derogan las siguientes disposiciones:

a.   Artículo 6 de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. b.   Los artículos 324, 355 y 356 del Código Penal.
c.   Las contenidas en la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos. d.   Las que se refieren a la actuación de los agentes policiales encubiertos.

e.   Artículo 9 del Código Procesal Civil y Mercantil.

f.	Las normas contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso a expedientes durante el período de su tramitación, así como las destinadas a preservar la intimidad de las personas o la identidad de menores de edad en materia procesal de familia, violencia intrafamiliar o de menores.

g.   Los artículos 305 y 400 de la Ordenanza del Ejército.

h.   Los artículos 64, 124,125, 126 y 145 del Código de Justicia Militar.

i.	Las contenidas en leyes tributarias relativas a la confidencialidad de la información contenida en declaraciones hechas con fines impositivos.

j.    El artículo 115 de la Ley de Hidrocarburos.

k.   Las  contenidas  en  las  distintas  leyes  que  prohíban  a  los  servidores  públicos  el  uso  de información privilegiada para fines personales.

l.    Artículo 675 del Código Civil.

m.  Artículo 3 de la Ley transitoria del registro del estado familiar y de regímenes patrimoniales
del matrimonio.

n.   Artículo 461 del Código de Comercio.

o.   Artículo 4 de la Ley de Registro de Comercio.

p.   Artículo 46 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República. q.   Las contenidas en la Ley del Archivo General de la Nación.
r.    Artículo 21 del Reglamento general de la Ley de Educación Superior.

Art. 111. La presente ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO; San Salvador, a los dos días del mes
de diciembre del año dos mil diez.

NOTA: En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, inciso 3° del Reglamento Interior de éste Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto No. 534, de fecha 2 de diciembre del 2010, que contiene la Ley de Acceso a la Información Pública, fue devuelto con observaciones del Presidente de la República, el día 5 de enero del presente año, resolviendo esta Asamblea Legislativa  aceptar parcialmente  dichas observaciones, en Sesión Plenaria celebrada el día 3 de marzo de 2011.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil once.
PUBLÍQUESE,

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA PRESIDENTE

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES PRIMER VICEPRESIDENTE

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ TERCER VICEPRESIDENTE

ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ CUARTO VICEPRESIDENTE

FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN QUINTO VICEPRESIDENTE

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA PRIMERA SECRETARIA

CESAR HUMBERTO GARCÍA AGUILERA SEGUNDO SECRETARIO

ELIZARDO GONZÁLEZ LOBO TERCER SECRETARIO

ROBERTO JOSÉ d´AUBUISSON MUNGÍA CUARTO SECRETARIO

QUINTA SECRETARIA

IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ SEXTA SECRETARIA

MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO SÉPTIMO SECRETARIO

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
Presidente de la República.

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDIA CISNEROS,
Viceministro de Gobernación,
Encargado del Despacho.

Primera edición, consta de 3,000 ejemplares
agosto 2011
Diagramación e impresión: Impresos Múltiples, S.A. de C.V.